El Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) decidió publicar para consulta una propuesta para sistematizar y actualizar la información cambiaria solicitada a las entidades que componen el Mercado Cambiario Formal (MCF), en cumplimiento de la regulación contenida en el Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI).
Como parte de este proceso de modernización de la regulación cambiaria iniciado en 2019, el Banco se encuentra desarrollando un nuevo sistema tecnológico para recibir información de las operaciones cambiarias.
En fases previas, entre otras medidas, el Banco Central avanzó en:
- Racionalizar los requerimientos de información y especificar el marco de política y normativa cambiaria en un reformulado Capítulo I del CNCI (Fase 1, 2019).
- Permitir que operaciones transfronterizas puedan ser realizadas con pesos chilenos (Fase 2, 2020).
Flexibilizar el ingreso al Mercado Cambiario Formal (MCF). - Exigir que las entidades del MCF se cercioren que las plataformas transaccionales de divisas que utilizan cumplan con principios de transparencia, objetividad, no discriminación y estándares operacionales adecuados (Fase 3, 2022)
Esta cuarta etapa considera reformular la estructura del CNCI con el objetivo de facilitar el reporte y mejorar la gestión de estadísticas cambiarias. Para estos efectos, el CNCI contará con un Sistema de Información Cambiaria (SICAM), el que se encuentra en etapa de desarrollo siguiendo altos estándares de seguridad y experiencia de usuario.
De esta forma, el nuevo CNCI tendrá una estructura simplificada de sólo dos capítulos, donde el segundo capítulo tendrá cuatro secciones.
Adicionalmente, el Sistema de Información Cambiaria reemplazará los Anexos vigentes en el Manual de Formularios y Procedimientos del CNCI por Reglamentos Operativos y Sistemas de Información. En ellos se define en detalle la información que debe ser reportada, así como la forma en que se debe realizar ese proceso, respectivamente.
Por otro lado, se eliminan algunos requerimientos de información y códigos para reportar operaciones de compra, venta y transferencias de monedas extranjeras, racionalizando la carga regulatoria para personas y empresas.