Escuchar al Ejecutivo para planificar la tramitación de una serie de mociones que regulan el mercado del gas, fue el objetivo de la sesión conjunta que celebraron los integrantes de las comisiones unidas de Economía y de Minería y Energía.
Luego de la exposición del ministro de Energía, Claudio Huepe y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, los parlamentarios quedaron a la espera de la presentación de una ley corta de gas natural que refundirá las citadas iniciativas, cuya idea matriz apunta a clarificar el cálculo de rentabilidad de estas empresas.
Durante la sesión, los senadores hicieron ver su preocupación sobre una potencial fijación de precios versus tarificación, el rol de los municipios en la distribución de gas licuado, la efectividad de la ley vigente que permitió a Metrogas sobrepasar su rentabilidad, y las medidas que permitirían con mayor rapidez bajar los costos de este combustible.
En concreto, el ministro explicó que el Ejecutivo se hará cargo de las dos aristas del mercado del gas:
GAS LICUADO
Vía administrativa:
“Enap que produce un 17% del gas licuado que se produce en el país, cumplirá el rol de cuarto actor. Esto significa que ingresará al negocio como actor mayorista.
Se generará un plan piloto con la circulación de seis mil cilindros que serán entregados a las familias a través de programas sociales.
Entre junio y agosto debería operar esta marcha blanca. Se espera que luego se multiplique la producción y se tenga cobertura nacional. La idea es que este actor genere competencia y bajen los precios.
Los municipios solo intervendrían en casos muy particulares pero nunca como empresa distribuidora. Tal vez en zonas extremas donde no haya un distribuidor, las alcaldías puedan acercárselos”.
Proyecto de ley:
“En el largo plazo, vamos a presentar un mensaje, el segundo semestre de este año que busca regular el sector. Lo principal será velar por la intercambiabilidad de los cilindros. Hoy el dueño de este envase es el que lo llena por primera vez y nuestra intención es aumentar la movilidad del mercado para bajar los costos.
Al mismo tiempo queremos asegurar la seguridad de este negocio estableciendo sanciones y normas de información”.
GAS NATURAL
Ley corta:
Al respecto, el secretario de Estado precisó que “la idea es recoger estas mociones que están en la línea del mensaje que presentaremos esta semana. En sustancial, se incorpora a la empresa relacionada en el cálculo de la rentabilidad máxima.
Esto tendría un impacto rápido en los consumidores.
La mayor parte del gas natural está en la región Metropolitana donde está la mayor parte de consumidores junto con la de Magallanes y en menor medida en comunas como Valparaíso, Concepción, Chillán y Calama”.
Ley larga:
“El segundo semestre vamos a presentar un proyecto para abordar la tarificación del gas natural para incentivar el desarrollo con visión de futuro considerando que se trata de un combustible fósil.
Hoy se hace una verificación de rentabilidad (3 años hacia atrás), se ve si ha superado el 9%, dato que entrega la propia empresa.
Los procesos de tarificación tardan unos dos años en promedio”.
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Reinserción Social Juvenil: aprueban regla especial de prescripción para menores
Una norma especial sobre prescripción de los delitos cometidos por menores, criterios para determinar las penas que se les aplicarán a los jóvenes infractores de ley y una disposición que hace extensiva la obligación de denuncia cuando se esté en conocimiento de la vulneración de sus derechos, fueron los principales temas en los que avanzó la Comisión Mixta que está encargada de zanjar las diferencias en torno al proyecto sobre reinserción social juvenil.
La instancia ha realizado un intenso trabajo en las últimas semanas para avanzar en la iniciativa y durante la jornada de hoy definieron algunos aspectos fundamentales como el de la prescripción de las acciones penales.
Actualmente, la ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes infractores de ley establece que los delitos cometidos por menores prescribirán a los 2 años en caso de simples delitos y en 5 años, en los casos de crímenes.
No obstante, la Comisión Mixta duplicó ese plazo y acordó que los simples delitos prescribirán a los 5 años, mientras que los crímenes a los 10 años. Asimismo, aprobó una regla especial que señala que el plazo para la prescripción comenzará a regir cuando la víctima cumpla 18 años.
En este punto hubo una extensa discusión, puesto que hay parlamentarios que son partidarios de la imprescriptibilidad de los delitos, sobre todo los de carácter sexual, independiente de si son cometidos por menores de edad.
CRITERIOS
Otro de los puntos que se aprobó es el relativo a los criterios que se utilizan para la aplicación de las penas por parte de los jueces. Cabe recordar que durante su trámite en el Senado, se establecieron cuatro criterios para la determinación de las penas, dos de los cuales fueron eliminados durante el estudio del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La Comisión Mixta aprobó por mayoría incluir como criterio, «los móviles y demás antecedentes que expliquen la ocurrencia de los hechos y el comportamiento delictivo» y «el comportamiento demostrado con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos, y durante la instrucción del proceso».
Otro punto que se aprobó durante esta sesión dice relación con proteger los derechos de los jóvenes infractores de ley y para ello se hace extensiva la obligación de denuncia a todos los funcionarios públicos o a cualquier organismo o profesional que tenga conocimiento de vulneraciones de derechos o de hechos que puedan revestir el carácter de delitos.
Asimismo, se suprimieron dos normas que modificaban la ley orgánica del Sename y a la que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención, en el entendido que se analizará esa materia en una norma transitoria.
Hasta ahora la Mixta ha aprobado las normas relativas a la orgánica del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; la creación de un Consejo de Estándares y Acreditación, su integración, las incompatibilidades, vacancias; los Planes de Acción Intersectorial; modelos de intervención; las acreditaciones de organismos y personas naturales que trabajarán con los menores; la supervisión y sanciones de los programas para los infractores de ley, entre otras.