La propuesta, enmarcada en el Plan de Pacto Fiscal, moderniza la administración tributaria (SII, Tesorería y Aduanas). También de los tribunales tributarios y aduaneros y de la Defensoría del Contribuyente. En este plano, se incluye el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, aumento en dotación de personal.
Junto a lo anterior, se avanza en control de la informalidad, especialmente, el de gran escala. Datos aportados en el trámite indican que más de un millón de los microemprendimientos no tienen inicio de actividades en el SII.
Asimismo, se realiza una actualización de los delitos tributarios y se elevan algunas de las sanciones. Entre estos últimos están las correspondientes a la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo.
Antielusión
Paralelamente, se busca combatir la planificación tributaria agresiva. En este marco se encuentra la modificación de la norma general antielusiva en dos niveles:
Se proponen modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma. Así, se regula cuándo y cómo se aplica. Además, se explicita la forma de interacción con las normas especiales antielusión.
Se explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto.
Otros elementos abordados refieren a una reestructuración de la norma de tasación y reorganizaciones empresariales; calificación de abuso o simulación; tributación internacional (paraísos tributarios); impuesto a la herencia y donaciones; se modifica el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario; y regulación de las obligaciones tributarias (incluye flexibilidad para la suscripción de convenios de pago y un régimen especial para las mipymes).
Modificaciones y efecto fiscal
Durante el trámite realizado en la Comisión de Hacienda, cuyo informe rindió el diputado Agustín Romero (PREP), se introdujeron variadas enmiendas y precisiones a las normas. Gran parte de ellas obedecieron a acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las y los diputados para viabilizar la aprobación de la propuesta.
Entre las materias hay perfeccionamientos a las normas tributarias, por ejemplo, en lo relativo a notificaciones y partes relacionadas. También, en lo referente a donaciones revocables, término de giro, medidas contra la informalidad, devolución del IVA, reclamo de avalúo de bienes raíces, denunciante anónimo tributario, tasación y reorganizaciones, rentas pasivas en el exterior y paraísos tributarios.
Otros cambios apuntaron al secreto bancario (requerirá autorización judicial) y la norma general antielusión. Sobre este último punto, se realizaron precisiones a la carga de prueba de parte del SII y a la intervención del Consejo Asesor Consultivo.
Adicionalmente, se incorporó al sistema de Alta Dirección Pública los cargos de subdirecciones de departamentos. Junto a ello, se formalizan legalmente algunas subdirecciones (ya funcionan) del SII y se crea el Comité de Casos de Interés Institucional.
La iniciativa considera una mayor recaudación fiscal creciente, que va de un 0,59% del PIB, en 2024; a un 1,47% del PIB, en régimen (desde 2027). El aporte más significativo provendrá de grupos empresariales, altos patrimonios y brechas del IVA y comercio informal.
Ahora, este proyecto también contempla gasto. Este se deriva, en especial, por el fortalecimiento institucional en el SII, Aduanas, Tesorería y Defensoría del Contribuyente. En régimen, el gasto fiscal llegará a $81 mil 10 millones. Se debe sumar a este monto $146 millones anuales por remuneraciones del Consejo Asesor Consultivo, tema agregado en el trámite.