Nuevo subsidio unificado al empleo se focalizará en grupos rezagados

La Sala de la Cámara aprobó, por unanimidad, el proyecto (boletín 17.641) que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La iniciativa en trámite beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado, con priorización en grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal.

En sus fundamentos, el texto presentado por el gobierno precisa que en Chile el sistema de subsidios al empleo presenta un alto nivel de fragmentación producto de las decisiones adoptadas a medida que se identificaron necesidades en el mercado laboral. Esto no permitió que existiera un espacio para diseñar un programa integral.

Esta fragmentación, además, impide evaluar el sistema de subsidios al empleo como un todo, permitiendo sólo la evaluación individual de cada programa. En este contexto, la propuesta para unificar el sistema apunta a optimizar su monitoreo, facilitar su medición y adaptación a las dinámicas del mercado laboral.

De tal forma, la iniciativa destaca que resulta crucial una política estructural y flexible que unifique los subsidios al empleo; con un sistema más simple, focalizado y eficaz. Esto permite, además, mejorar la asignación de recursos públicos.

La propuesta, aprobada por unanimidad y derivada al Senado a su segundo trámite, está enfocada en cuatro grupos rezagados en la incorporación al empleo formal:

Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad.
Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad.
Personas de más de 55 años.
Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.
El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica de acuerdo al Registro Social de Hogares para las tres primeras líneas. La línea de discapacidad, en tanto, no tendrá esta focalización.

Finalmente, también se prioriza la entrega de subsidios a las pymes al incorporar un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa.

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