A la espera de la visita del ministerio del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, están los integrantes de la Comisión de Salud, quienes se encuentran analizando el proyecto que modifica el periodo de carencia del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por accidente o enfermedad común, e introduce modificaciones en su aplicación al sector público.
La Superintendenta (S) de Seguridad Social (SUSESO), Patricia Soto representó una serie de observaciones a la Comisión, en la última sesión, varias de las cuales -se adelantó- serán recogidas en indicaciones:
Aclarar si el proyecto considerará las licencias que no corresponden a enfermedad común o accidente, es decir las de medicina preventiva, maternales, enfermedad grave de hijos menores a un año, patología del embarazo, enfermedad profesional y accidente de trayecto.
Revisar si la carencia de dos días podría propiciar la emisión de licencias más largas para reducir la pérdida del subsidio.
Definir qué pasará con los trabajadores independientes porque el proyecto solo habla de los dependientes.
Determinar quién pagará las cotizaciones de los días de carencia.
Ampliar la facultad que se entrega a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para requerir información a las Isapres porque se permitiría hacerlo solo en el caso de los afiliados de Fonasa.
Revisar la facultad que se entrega a los jefes de servicio para declarar salud no compatible considerando las licencias aceptadas, porque la Contraloría ha establecido que también deben analizarse las licencias rechazadas.
Equiparar el plazo de pronunciamiento de las licencias puesto que hoy son distintos en las COMPIN e Isapres.
A la hora de entregar cifras, Soto reconoció que se ha vuelto a las estadísticas prepandemia sobre emisión de licencias médicas (se esperan 6 millones 900 mil para este año. En el 2024 se emitieron 8 millones), lo que ha tenido un impacto en el gasto de 586 mil millones pesos como ahorro. También detalló las investigaciones que han realizado por este tema, indicando que “a marzo llevamos 915, el 2025 se hicieron 2324 investigaciones; y el 2024, 1019”.
Tras la exposición, las y los senadores acordaron oficial al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para tener antecedentes sobre las investigaciones que realizan por defraudación al fisco, todo en el marco de la ley de grandes emisores.
La senadora Ordenes apuntó al principio de interoperatividad entre los organismos que ejercen el control de las licencias. “El cómo avanzar en un sistema interoperable es clave porque sino todo se deja a la voluntad (…) Muchas de las ideas que se nos plantean son de resorte del Ejecutivo, creo que el Ministerio debiera transparentar su interés”, comentó.
Luego el senador Lee hizo ver que “sin haber legislado nada, hay una disminución significativa del número de licencias, no vaya a ser cosa que se tenga un efecto contraproducente. El marco jurídico ya existía para intervenir”. También advirtió acerca de la situación de los pacientes del extremo norte que son atendidos en países fronterizos.
Para el senador Gahona “también es hora de poner el foco en pacientes a los que se les dificulta el pago de sus remuneraciones cuando las licencias son rechazadas. Creo que es importante saber cuál es el tiempo de pago del Fonasa y las cajas de compensación, quienes son más eficientes”.
En la misma línea, la senadora Cariola recordó que “muchas veces pagan justos por pecadores porque se pone el foco en la persecución de los trabajadores (…) También me preocupa prohibir la licencia desde el extranjero porque hay prestadores que salen del país e igualmente atienden online a sus pacientes”.
Finalmente, el senador Castro hizo ver que “es necesario ver cómo se han a compatibilizar las leyes vigentes sobre el uso de licencias médicas (21.746) y la de grandes emisiones (20585), con este proyecto y el misceláneo (Boletín N° 17375-11) que también hace referencia al control de licencias por parte de Fonasa. Sobre eso el Ejecutivo debe pronunciarse”.